Contraloría identificó que Autodema transfirió recursos de mantenimiento del Proyecto Majes Siguas para otros fines
La Contraloría General identificó que S/ 3 900 000 del Proyecto Especial Majes Siguas (PEMS) Autodema fueron transferidos al Gobierno Regional de Arequipa (GRA) para solventar el gasto corriente, a pesar de que dichos fondos estaban destinados por ley para el mantenimiento de infraestructura hídrica de la región Arequipa.
El Informe de Control Específico N° 045-2023-2-5334-SCE detalla que funcionarios del GRA gestionaron la transferencia de recursos financieros que provenían de la recaudación de tarifas por cobros realizados a usuarios por el uso de agua e infraestructura hídrica y cuyo objetivo era cubrir los costos de operación, mantenimiento, reposición, recuperación de inversiones y gestión de riesgos de la infraestructura en mención, por lo que estos fondos eran intangibles.
Sin embargo, la transferencia realizada el 18 de diciembre de 2019 fue destinada al pago de planillas, cumplimiento de sentencias judiciales y medidas cautelares, así como otros gastos generados en la sede central del GRA.
La transferencia de recursos no tuvo autorización de la Unidad Ejecutora Autodema, por lo que su gerente ejecutivo solicitó a la Gerencia del GRA la devolución de los fondos. Sin embargo, a febrero de 2023 no se había realizado ningún reembolso, situación que afectó las actividades de mantenimiento y rehabilitación del canal Pañe – Sumbay, trabajos que debían haberse ejecutado con los recursos transferidos.
Por otro lado, se evidenció que por estos hechos la Autoridad Nacional del Agua (ANA) estableció responsabilidad en Autodema por la deducción de los S/ 3 900 000 a favor del GRA, imponiéndole una multa de 43 UIT por infracción a la Ley de Recursos Hídricos y le ordenó reponer el monto transferido de sus cuentas.
En los hechos ocurridos durante el período del 1 de enero de 2019 al 31 de agosto de 2020, se identificó la presunta responsabilidad penal de dos exfuncionarios de la anterior gestión regional (2019-2022).
El informe, elaborado por el Órgano de Control Institucional (OCI) del GRA, fue notificado al Gobernador Regional y recomienda a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción adoptar las acciones penales en contra de los presuntos responsables.