Fiscalía de Trata de Personas identifica a 11 menores que viajaban solos en terminal terrestre
Con la finalidad de prevenir la trata de personas y delitos conexos el Ministerio Público realizó la tarde de ayer un operativo conjunto en las agencias de transporte interprovincial ubicadas en el terminal terrestre y terrapuerto de la ciudad.
La Fiscalía Especializada de Trata de Personas de Arequipa liderada por la Fiscal Provincial Lissbeth Adriazola Begazo junto a sus fiscales adjuntos Wilber Justo Callacondo y Pool Alarcón Barrionuevo, además de inspectores de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN) y personal policial del Área de Investigación de Trata de Personas, intervinieron diversos vehículos para evitar el traslado de menores de edad sin la autorización legal correspondiente.
Participaron también del operativo Fiscales de Familia y de Prevención del Delito, además de la Policía de Turismo identificando a 11 menores de edad que viajaban solos siendo derivados a la sección de familia de la Comisaría del sector por encontrarse en situación de desprotección.
La autoridad manifestó que personas que se encuentran al margen de la ley aprovechan la situación económica en la que se encuentran sus potenciales víctimas trasladándolas con engaños hacia otros puntos del país con fines de explotación sexual y laboral, por ello exhortó a los propietarios y trabajadores de las agencias de viaje reforzar las acciones de control.
“Se debe exigir la documentación necesaria al momento que los pasajeros aborden el bus como solicitar a cada uno de estos el Documento Nacional de Identidad, que los menores viajen acompañados por sus padres o apoderados, además de contar con la autorización notarial de traslado”, indicó la Fiscal Provincial Lissbeth Adriazola Begazo.
Se informó que la SUTRAN procedió a sancionar a las empresas que no cumplieron con lo que estipula la ley, siendo sujetas a ser denunciadas si las autoridades así lo consideran.
El traslado ilegal de menores de edad es sancionado con una pena máxima de hasta 25 años de pena privativa de la libertad.